A la caza del contribuyente que simula vivir en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en rueda de prensa en Barcelona.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en rueda de prensa en Barcelona.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en rueda de prensa en Barcelona.Servicio Ilustrado (Automático) / Europa Press

En España no es lo mismo morirse en Andalucía o en Cataluña. Tampoco da igual ser rico en Madrid o en Extremadura. Las comunidades tienen margen para modificar al alza o a la baja algunos de los impuestos que cobran a sus ciudadanos, en particular cuando se trata de los que tienen cedidos, como los que gravan el patrimonio, las herencias y las donaciones. Y, como la picaresca no tiene límites, cada año se descubren casos de ciudadanos que simulan vivir en una región distinta solo para rebajar su factura fiscal. Madrid, el territorio más benévolo con las rentas altas, es el destino estrella de estos traslados ficticios, que están cada vez más bajo la lupa de las administraciones tributarias.

“La demanda que nos llega de las comunidades autónomas es creciente”, aseguró el jueves pasado el director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón. Habitualmente, las administraciones regionales buscan los primeros indicios, y después solicitan la intervención de la agencia estatal para determinar la naturaleza del traslado. En este proceso, algo tan sencillo como un recibo de la luz o el tíquet de la compra puede convertirse en una pista para pillar al culpable.

“Son las comunidades autónomas las que nos piden realizar las actuaciones, y me consta que [esta línea de trabajo] se está aplicando de manera generalizada por casi todas ellas”, añadió Gascón. La decena de regiones consultadas para este reportaje lo confirman; algunas de ellas hasta han creado un grupo de trabajo para investigar los cambios ficticios de domicilio, que reúne a miembros de la agencia tributaria autonómica y de la estatal. La Comunidad Valenciana, una de las más beligerantes con la baja fiscalidad de Madrid, ha sido la primera en ponerlo en marcha, en 2017. Castilla y León ha dado el paso este mismo año, según confirman fuentes de la Consejería de Hacienda autonómica. En ambos casos, la región de la capital es la mayor receptora de estos traslados simulados.

La razón no es nueva y en los últimos días ha estado en el centro del debate político: Madrid es la única comunidad que bonifica al 100% el impuesto sobre el patrimonio, que solo pagan los contribuyentes más acaudalados, además de contemplar generosas rebajas para herencias y donaciones. La enmienda que ERC ha presentado a los Presupuestos para homogeneizar la imposición a los más ricos, que coincide con la intención del Gobierno de armonizar los tributos cedidos, ha desencadenado las iras el Ejecutivo regional. “Seré la peor pesadilla de quien toque el bolsillo al contribuyente madrileño”, aseguró la semana pasada la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

En realidad, los cambios ficticios de domicilio que se llegan a detectar no son una avalancha, sino un goteo constante en el que pueden estar en juego cantidades nada desdeñables. Una lluvia fina que obliga a la administración tributaria a ponerse la gabardina de detective y seguir el rastro que deja el investigado, un proceso que requiere tiempo y compejas comprobaciones. En la mayoría de los casos, se trata de contribuyentes con gran movilidad entre comunidades por asuntos de negocio, lo que hace más complicado determinar la veracidad de los traslados.

La Agència Tributària Valenciana dio a conocer en octubre los resultados de sus actuaciones sobre traslados ficticios: 22 expedientes iniciados por presunto fraude entre 2017 y 2019, además de 38 nuevas investigaciones en curso. Uno de estos casos, iniciado en 2017, ha permitido recuperar la friolera de 14 millones de euros.

Esta cifra es el resultado de una doble regularización: a un fraude en patrimonio, por traslado ficticio de Valencia a Madrid, se sumó otro en sucesiones, al fallecer el investigado antes de que terminara la actuación. Los indicios para destapar estos tinglados se basan en distintos elementos, como la ubicación de los inmuebles propiedad del contribuyente, las visitas a farmacias u oficinas bancarias. Hasta el lugar donde se celebra el funeral del cónyuge puede ser un indicio sobre el verdadero domicilio del declarante.

Otras regiones

“Ese fue un caso singular donde se mezcló patrimonio con sucesiones y donaciones”, dice Sonia Díaz, directora general del organismo valenciano. Explica que la hoja de ruta para detectar estos casos empieza por identificar colectivos “con riesgo de deslocalización”, que se seleccionan conjuntamente entre las agencias regionales y estatal. Después arranca la primera fase, de investigación pura y dura, para buscar indicios sobre dónde reside realmente el investigado. Si hay pruebas suficientes, se hacen los requerimientos necesarios a la varias Administraciones, como la Seguridad Social, el catastro o la policía. En la tercera y última etapa entra de lleno la Agencia Tributaria central, que interactúa con la comunidad para llegar a la regularización.

“Estos procedimientos llevan su tiempo”, subraya Díaz, quien desliza que hay otros territorios receptores de falsos traslados más allá de Madrid. Varias comunidades lo corroboran. Una de ellas es Aragón. Desde la Consejería de Hacienda afirman que los cambios ficticios que detectan suelen dirigirse a la capital, pero que también se dan casos de traslados simulados a las comunidades forales —Navarra y País Vasco, que a diferencia de las de régimen común recaudan íntegramente los impuestos— y a La Rioja, que hasta este año tenía la segunda mayor bonificación en el impuesto sobre el patrimonio, del 75%. La Hacienda riojana confirma este supuesto, y añade que también se han llevado a cabo investigaciones a la inversa, por falsos cambios de domicilio, sobre todo, hacia Madrid.

“Es totalmente lícito que un contribuyente se vaya a vivir a otra comunidad porque ahí tiene su centro de trabajo o su familia”, matiza Díaz. “Pero tiene que ingresar en aquella comunidad donde disfruta de los servicios públicos. No es solo un motivo recaudatorio, es una cuestión de solidaridad”.

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