“¡Basta de manosearnos!”

Consuelo Ordóñez.

Cuando el 1 de octubre el exdirigente de ETA Iñaki Bilbao Beaskoetxea, Iñaki de Lemona, salió en libertad de la cárcel de Valdemoro (Madrid), no fue noticia. Sin embargo, su excarcelación fue algo más que la salida de prisión de otro recluso de la organización terrorista. Aquel día, por primera vez desde 1979, cuando el año terminó con 117, los centros penitenciarios españoles custodiaban a menos de 200 presos etarras. Desde entonces, otros dos etarras han abandonado la prisión. El último, Fernando Alonso, el pasado martes. Con él, la cifra de reclusos de la banda en cárceles españolas se ha reducido en 197 (173 hombres y 24 mujeres), cuando el 31 de diciembre del año pasado eran 220, según datos del Ministerio del Interior. Otros 33 terroristas siguen en penales franceses. Etxerat, la asociación de familiares de presos de ETA, reduce esta cifra a 189 (y otros 32 en cárceles francesas) al excluir a aquellos reclusos que se han desmarcado del colectivo que agrupa a los presos etarras (EPPK en sus siglas en euskera) tras arrepentirse o por mostrarse partidarios de continuar con los atentados.

Los etarras actualmente presos en España están dispersos en 44 centros penitenciarios. De ellos, solo 15 cumplen condena en las tres cárceles vascas o en la de Pamplona, algunos en tercer grado penitenciario o semilibertad. Otros 37 etarras están en los ocho centros penitenciarios situados a menos de 350 kilómetros de distancia de ambas comunidades. En concreto, en los de Logroño (7), Burgos (5), Soria (3), Palencia (5), la cántabra de El Dueso (3), Valladolid (3) y las prisiones zaragozanas de Zuera (8) y Daroca (3). El resto se encuentra repartido por 33 cárceles, cinco de ellas ubicadas a más de 1.000 kilómetros. En estas últimas hay 31 presos (11 de ellos en el penal de Puerto III, en la provincia de Cádiz, la que más etarras custodia). Buena parte de los recluidos en los penales más alejados son los que se opusieron a la disolución de la banda –una quincena-, además de aquellos que acumulan penas más elevadas y están lejos de extinguirlas, según detallan fuentes de la lucha antiterrorista.

En Francia, la situación es muy diferente. La llegada a la presidencia de Emmanuel Macron se tradujo, a comienzos de 2018, en el inicio de un progresivo traslado de los reclusos de ETA a prisiones próximas a la frontera con España. De los 33 terroristas presos, uno, el exdirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, está en semilibertad en París a la espera de que la justicia francesa lo juzgue y decida sobre su entrega a España. Otros 22 están en las cárceles de Lannemezan y Mont-de-Marsan, las más cercanas a España. Esta cifra sería mayor si estos presidios tuvieran módulo de mujeres. Su inexistencia mantiene alejadas a las siete etarras allí encarceladas.

El récord de 2008

Este pronunciado descenso de presos de ETA a un lado y otro de la frontera no se vislumbraba hace 12 años. En noviembre de 2008, con la organización terrorista en plena campaña de atentados tras romper dos años antes su tregua con la explosión de un coche bomba del aparcamiento de la T-4 del aeropuerto de Madrid-Barajas, las cárceles españoles custodiaban una cifra récord de reclusos de la banda: 614, más del triple que en la actualidad.

Desde aquella cifra, el número de etarras encarcelados ha registrado un descenso continuado. Así, el 20 de octubre de 2011, el día en que ETA anunció el cese definitivo de su actividad terrorista, había 559 reclusos de la banda en España (más otros 114 en cárceles en el extranjero). El 3 de mayo de 2018, el día antes de que la organización hiciera público el comunicado de su disolución, había descendido a 242 en España (además de 51 en Francia y uno en Portugal).

Entre ambas fechas se había producido un goteo constante de excarcelaciones en el que había influido la derogación, en octubre de 2013, de la llamada ‘doctrina Parot’, que había prorrogado hasta entonces la estancia en prisión de muchos de ellos. La sentencia del Tribunal de Estrasburgo que acabó con ella supuso la excarcelación anticipada de 54 etarras. El resto, salvo en el caso de los pocos que se habían acogido a la Vía Nanclares de reinserción, fueron abandonando la prisión tras cumplir íntegras sus condenas.

Ese goteo ha continuado hasta ahora y, según diversas estimaciones, continuará en los próximos tres años y medio. Según la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) durante ese tiempo saldrán de prisión otro medio centenar de presos de la organización terrorista. Una estimación muy parecida a la que hace Sare, la plataforma ciudadana de apoyo a los presos vascos que en los últimos años ha convocado manifestaciones en el País Vasco para reclamar su acercamiento a prisiones próximas al País Vasco. Pasados esos años, ambas asociaciones auguran un frenazo en la excarcelación de etarras, ya que muchos de los restantes fueron juzgados tras la reforma del Código Penal de 2003 que elevó el cumplimiento efectivo de la pena hasta los 40 años. 153 presos de la banda tienen en la actualidad condenas fruto de aquella modificación legal, según detallan fuentes penitenciarias.

Para intentar su reinserción, Interior maneja dos instrumentos. Por un lado, el acercamiento de los presos a cárceles del País Vasco o más próximas a ellas —la dispersión fue puesta en marcha en 1989 por el Gobierno socialista de Felipe González—. Desde que el Gobierno de Pedro Sánchez anunció el cambio de la política penitenciaria en agosto de 2018, ya son 84 los reclusos etarras que se han beneficiado de esta medida. La otra es la clasificación penitenciaria, que determina la posibilidad de disfrutar de permisos, acceder a la semilibertad e, incluso, aspirar a la libertad condicional.

Cuando ETA anunció su disolución, solo 29 presos de los 242 que había entonces estaban clasificados en segundo grado o régimen ordinario, lo que les permitía solicitar permisos. El resto estaba en primer grado o régimen cerrado, el más duro. Desde entonces, estas cifras han cambiado. Según las cifras de Sare, en la actualidad 143 siguen en primer grado, aunque 49 de ellos han visto flexibilizada su situación tras aplicárseles el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que les permite disfrutar de algunos beneficios de segundo grado. Otros 42 están en segundo grado. Además, Interior ha dado la semilibertad a una docena de internos. El último, Ibon Etxezarreta, al que el pasado lunes Instituciones Penitenciarias le puso bajo control telemático para que pudiera cumplir el resto de su condena en su domicilio tras desvincularse totalmente de ETA y pedir perdón a las víctimas.

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