Boicot a 'Mulán' por la connivencia de Disney y la dictadura china

Los créditos de la película incluyen un agradecimiento al departamento de propaganda del Partido Comunista Chino.

«El Reino Mágico de Disney le lleva de aventuras al escenario de un genocidio en el mundo real del siglo XXI». Para algunos críticos y activistas pro derechos humanos, ésa debería ser la leyenda que acompañara a la superproducción Mulan.

Es todo un problema para la empresa que la ha producido, Disney, la mayor compañía de entretenimiento del mundo, que ha puesto sus esperanzas en esta cinta para lograr cuatro objetivos estratégicos: reforzarse en el mercado cinematográfico chino, muy protegido contra la competencia extranjera; reforzar su canal de streaming Disney+; aumentar la asistencia de público a sus parques en Shanghai y Hong Kong; y consolidar el paso de las salas de cine tradicionales a la televisión, la tableta y el teléfono que el Covid-19 había acelerado.

Para lograrlo, Disney no escatimó esfuerzos. Ni tiempo. Mulan’ costó 200 millones de dólares (169 millones de euros), y ha llevado la friolera de 10 años. y la empresa hasta entregó el guión a las autoridades del partido Comunista Chino para que dieran el nihil obstat a la producción. El problema es que es casi imposible no levantar ampollas con una película de una productora de la primera potencia mundial, que es una democracia, filmada en la segunda potencia mundial, que no lo es, justo en un momento en el que las relaciones entre ambas están atravesando por una verdadera Guerra Fría.

La cosa se complica si la protagonista del filme – la actriz china pero nacionalizada estadounidense Liu Yifei- da su apoyo a la represión en China contra los manifestantes que piden democracia. Empeora cuando los activistas pro democracia se dan cuenta de que la cinta ha sido filmada en Xinjiang, una región de China de población musulmana en la que, según diferentes organizaciones internacionales, el Gobierno de Pekín está llevando a cabo un genocidio contra los seguidores del Islam que incluye, entre otras cosas, poner en campos de trabajo forzados a uno de cada ocho ciudadanos de la región -unos tres millones de un total de 24 millones-, mandar a medio millón de niños a internados para ser educados lejos de su entorno familiar, dar incentivos a los musulmanes para que aborten, y destruir monumentos históricos y religiosos, entre los que está el casco histórico medieval de la ciudad de Kashgar.

Y, finalmente, la guinda: en los créditos finales, Disney da las gracias al Comité de Seguridad Pública – es decir, a la policía – de la ciudad de Turpan, en Xinjiang, y al Departamento de Publicidad del Partido Comunista Chino, encargado de velar por la pureza ideológica y de dirigir la propaganda del país.

Así que la controversia está servida. Aunque no parece que vaya a tener un impacto significativo en la audiencia del filme, los problemas de imagen de la película, simbolizados en el hashtag #BoycottMulan, reflejan las dificultades para las empresas se dedican a la cultura o a la producción de contenidos para hacer productos que sean digeribles en Occidente y en China.

Son problemas que ya han tenido otras compañías, como Apple -que ha optado por censurar sus apps en ese país – o Google -que, por el contrario, se ha ido de China porque no acepta el control ideológico del Partido Comunista de ese país- y que cada vez van a ser más serios. Mientras prepara la segunda parte de Mulan, Disney se ha dado cuenta de que, tener un pie en EEUU y otro en China exige un malabarismo ideológico y empresarial que daría, tal vez, para una película de Hollywood.

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