Cultura da un golpe de timón en la gestión del patrimonio y pone el cine a la altura de los monumentos

José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura – EFE

Cultura da un golpe de timón en la gestión del patrimonio y pone el cine a la altura de los monumentos

El ministro de Cultura presenta un anteproyecto de reforma de la Ley de Patrimonio Histórico que prohíbe a la Iglesia enajenar sus bienes de interés cultural salvo que se transmitan al Estado español u otras administraciones públicas

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El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros, a petición del ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, el anteproyecto de reforma de la Ley de Patrimonio Histórico con el que pretende poner al día la ley del año 1985 y adecuarla, junto a la ley de 2015 para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, en un único texto normativo que integre todas las modificaciones legislativas que se han hecho a lo largo de los últimos años.

La ley, que fija estándares comunes para ordenar el desarrollo legislativo de estos últimos años por parte de las comunidades, tiene la voluntad de «no contribuir a una saturación normativa que genere confusión» e incorpora novedades como la de reconocer el patrimonio cinematográfico con las mismas garantías que los monumentos, la regulación de la figura de Bienes de Interés Mundial para los conjuntos declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad o la prevención y sanción de las prácticas de expolio. La ley adapta una decena de tratados suscritos por España con la Unesco y el Consejo de Europa.

Según defiende el Ministerio, la reforma de una de las leyes más longevas de la democracia tiene entre sus fines poner coto a la confusión legislativa que en muchos casos, como ocurrió con el Odyssey, atan al Ejecutivo de pies y manos. Y en virtud de esta simplificación, Cultura quiere establecer que a partir de ahora los estándares de protección que establece la ley estatal para los Bienes de Interés Cultural sean obligatorios para las comunidades autónomas, que no podrán rebajarlos, como quiso hacer la Comunidad de Madrid en 2013 y el Tribunal Constitucional anuló.

Se trata, en definitiva, de dar eficacia al mandato judicial «sobre la preeminencia de los estándares de protección que establece la ley estatal. También afectará al régimen competencial autonómico el punto referido a solventar las disfunciones en el traslado de Bienes de Interés Cultural de una comunidad a otra. Sobre el uso no autorizado de detectores de metales para evitar la destrucción de yacimientos, algo que estaba prohibido solamente en algunas regiones, Cultura plantea prohibirlo en todas las comunidades.

Respecto a la ley de 1985, una de las principales novedades es el reconocimiento de los Patrimonios Industrial, Inmaterial, Subacuático y Cinematográfico y Audiovisual. Es decir, se protege la industria del cine, con una mención especial al patrimonio que protegen las filmotecas como archivos que guardan bienes culturales.

Sobre los bienes de interés cultural de la Iglesia, la ley quiere prohibir la enajenación de sus bienes de interés cultural salvo que se transmitan al Estado español u otras administraciones públicas. Esta prohibición ya existía en los bienes muebles eclesiásticos y ahora se extiende a los bienes de interés cultural. El anteproyecto, igualmente, pretende dar una seguridad jurídica doble a los monumentos y conjuntos declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, y les aplicará la categoría de Bienes de Interés Mundial. La figura del ‘Superbic’ afectaría, por ejemplo, a la Catedral de Burgos, cuyo reconocimiento está amenazado por el proyecto de la reforma de sus puertas, a cargo de Antonio López.

El anteproyecto de Uribes define y regula qué es un paisaje cultural, regula el entorno de los monumentos, «que era un vacío de la ley vigente, y crea una nueva figura de salvaguardia con el objetivo de evitar catástrofe como el incendio de 2019 en la Catedral de Notre Dame de París. Con la obligación de conservar de manera preventiva los bienes culturales y evitar su deterioro se busca que no vuelva a haber casos como el del Ecce Homo de Borja.

La renovada ley actualiza y perfecciona el régimen de infracciones y sanciones que no siempre se podían aplicar bien, según la cartera que dirige Uribes, y se espera combatir con más eficacia las prácticas de expolio. Cultura quiere «dar más precisión al régimen de los bienes que han salido ilegalmente de España». Con la legislación actual, está tipificado como delito de contrabando quienes sacan fuera de las fronteras nacionales piezas protegidas.

Según el Ministerio que dirige Uribes, con esta reforma legislativa se da más contenido a los planes nacionales que en 1985 «estaban regulados de manera muy ligera». Cultura sostiene que los bienes culturales dispondrán a partir de ahora de «mejores medidas de protección y al mismo tiempo las administraciones culturales dispondrán de instrumentos más ágiles y más eficaces» para protegerlos.

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