El FMI advierte contra la subida de las pensiones y las nóminas públicas

Vista del paseo del Prado de Madrid, semivacío, el pasado día 7.

Vista del paseo del Prado de Madrid, semivacío, el pasado día 7.
Vista del paseo del Prado de Madrid, semivacío, el pasado día 7.Fernando Alvarado / EFE

Al Fondo Monetario Internacional (FMI) no le gustan nada dos medidas recogidas en el proyecto de Presupuestos del Gobierno español. El organismo dirigido por Kristalina Georgieva cargó este viernes contra la subida del 0,9% de pensiones y salarios de los funcionarios —dado el “elevado déficit estructural”— y contra el aumento de los impuestos verdes o del IVA a las bebidas azucaradas —que “podrían tener un efecto desproporcionado sobre la población de bajos ingresos”—. La alerta por la desigualdad es una constante en las 94 páginas de informe sobre España: quienes peor estaban serán los más golpeados por la crisis.

Las críticas del Fondo Monetario Internacional (FMI) a dos medidas incluidas por el Ejecutivo en los Presupuestos que se están tramitando en el Congreso deben leerse en claves completamente distintas. Sobre el incremento de las pensiones y del sueldo de los funcionarios, la enmienda es casi a la totalidad. “Los compromisos de aumentar de forma permanente las actuales ratios de gasto, por ejemplo a través del gasto salarial o las pensiones, deberían ser evitados dado el alto déficit estructural y la presión sobre el gasto de largo plazo por el envejecimiento de la población”, subrayan los técnicos del Fondo.

En el alza del IVA a las bebidas azucaradas y a los impuestos verdes, la invectiva va más por el momento elegido —durante la mayor recesión en medio siglo, como destaca el Fondo— y por no llevar aparejado un plan de compensación para los sectores más afectados —los más pobres, enfatizan— que por la medida en sí: cualquier incremento fiscal que “pueda tener un efecto desproporcionado sobre la población de bajos ingresos debe esperar a que la recuperación esté firmemente encarrilada y debe ir acompañada de un aumento del gasto para proteger a los más vulnerables”, carga. El Fondo pide aplazar los impuestos medioambientales, entre los que se incluye la subida al diésel que quiere aprobar el Gobierno, pero un portavoz del Fondo apostilló que su referencia no era en concreto sobre el diésel sino más genérica sobre los impuestos verdes en general.

El FMI ve con buenos ojos un incremento del músculo fiscal para dedicar más recursos a combatir la pobreza y la desigualdad. “En España, la ratio de impuestos sobre PIB es relativamente baja. Eso indica que hay margen de mejora, en especial fortaleciendo la recaudación del IVA, aumentando los impuestos especiales y los gravámenes ambientales y reduciendo las ineficiencias del sistema tributario”, argumenta. Pero, explica, antes hay que esperar a que la recuperación sea un hecho. Y cualquier incremento, remarcan, deberá ir acompañado de medidas para proteger a esos colectivos de menores ingresos.

Con la vacuna ya en el horizonte, España, Europa y el mundo atisban la luz al final del eterno túnel de la pandemia. Pero los meses que restan hasta la llegada de las primeras dosis se harán eternos. La recuperación se ha frenado —cuando no interrumpido— con la segunda ola del coronavirus, después de que el súbito parón de la actividad en primavera reabriese heridas sociales nunca cerradas. En ese marco hay que encuadrar las constantes referencias a la desigualdad del Fondo, un organismo que lleva tiempo haciendo gala de su giro social y tratando de dejar atrás los años del consenso de Washington y, más recientemente, de la troika.

España, subraya el Fondo, llegó a la pandemia con “una de las tasas más altas de empleo temporal de Europa”. Y los trabajadores con este tipo de contratos, muchos de ellos en el turismo, “están soportando una carga desproporcionadamente alta de la crisis”: la correlación histórica entre porcentaje de empleo temporal y desigualdad habla a las claras. A eso hay que añadir, dice, que los empleados con bajos niveles de educación tienen menos opciones de teletrabajar que en otras naciones europeas.

A favor del ingreso mínimo

Para revertir la situación, el Fondo aplaude la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) —»aborda la brecha en la cobertura de los grupos desfavorecidos y rebaja las barreras administrativas para acceder a algunos programas de asistencia social»— y la utilización de los ERTE, que pide ampliar más allá de enero. Este instrumento, disponible desde los ochenta pero apenas utilizado hasta hoy, remarca, ha sido “decisivo para limitar el impacto sobre el empleo, mitigando los efectos adversos de la pandemia aunque a un considerable coste fiscal”.

Sin embargo, el FMI reclama poner las luces largas y pensar, también, en el día siguiente. En este sentido, el organismo con sede en Washington apela a mejorar la formación de los trabajadores que han perdido su empleo y el subsidio para aquellos trabajadores a los que se le acaba la protección de este paraguas temporal y acaben engrosando las listas del paro.

Los fondos europeos, acaso la única buena noticia que dejará la crisis, empezarán a llegar en 2021 y son, a juicio del Fondo, una “oportunidad excepcional” no solo para reconducir el camino de una economía que necesita dar el salto de la digitalización y las renovables, sino también para “amortiguar la crisis social y como catalizador de reformas”. También para poner en marcha un programa que complemente las rentas salariales de los hogares de bajos recursos, mitigando así una de las mayores carencias del IMV. Cuando bajen las aguas, la precariedad y la desigualdad seguirán en la orilla.

Más ayuda para las empresas con futuro

Con la segunda ola posada desde hace semanas sobre la economía española —un factor “preocupante, que topa la recuperación”— y la mortandad empresarial disparada, los economistas del Fondo Monetario invitan al Ejecutivo de Pedro Sánchez a afrontar la “vulnerabilidad” del sector privado y recomiendan “priorizar las ayudas de capital” —los rescates, en castellano moderno— “en las empresas viables” y, en todo caso, con “estrategias de salida bien diseñadas”.

Es decir, que cuando pase lo peor de la crisis, el Estado pueda dejar su accionariado sin grandes dificultades. “Como el coste fiscal de ayudar a todas las empresas afectadas sería prohibitivo, el Gobierno debe intervenir selectivamente para rescatar o ayudar a las empresas solventes y estratégicas”, remachan.

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