El Gobierno extenderá tres años más el plazo para devolver los préstamos con aval del ICO

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús MonteroRodrigo Jiménez / EFE

Empresas y autónomos ganan tiempo para recomponer sus cuentas. El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros un decreto ley para evitar la quiebra de negocios rentables cuya supervivencia está en entredicho por la pandemia. Atendiendo a la demanda de organizaciones del sector, el Ejecutivo ampliará hasta el 30 de junio el plazo para solicitar avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), permitirá extender en tres años los vencimientos de los préstamos —hasta un máximo de ocho años—, y aquellos que lo deseen podrán ampliar de 12 a 24 meses el periodo de carencia en el pago del principal de los créditos, que para buena parte de las 550.000 empresas que los pidieron expiraba este mes de marzo. “Se trata de ayudar a aquellos proyectos que hasta la irrupción de la covid eran sostenibles y temporalmente pueden estar atravesando tensiones de liquidez”, ha defendido la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.

El Ejecutivo ha lanzado hasta ahora dos grandes líneas de avales, una primera de 100.000 millones de euros en marzo, en los primeros compases de la crisis del coronavirus, y otra de 40.000 millones enfocada a la transformación digital y a la economía verde. El importe total avalado asciende a 82.000 millones en 881.000 operaciones, el 98% de ellas dirigidas a pequeñas y medianas empresas y autónomos.

La pandemia ha puesto de manifiesto que el tiempo es una variable fundamental en la ecuación de la recuperación. Con las noticias positivas sobre la vacuna y los datos de contagios “en la dirección correcta”, según la valoración este martes de la portavoz, María Jesús Montero, ampliar los plazos insufla oxígeno a empresas que sin él están abocadas a la desaparición. Y el Gobierno busca salvar el máximo tejido productivo posible y esquivar un escenario de cierres en cadena a la espera de la deseada normalización de la situación sanitaria. Sin esa red de seguridad, el Gobierno calcula que se habrían perdido tres millones de empleos y un 25% del PIB.

La manga ancha de Bruselas con las ayudas de Estado permitirá a España ampliar el plazo para entregar los créditos. Los bancos también estarán obligados a extender hasta en tres años los vencimientos de los clientes que así lo soliciten, siempre y cuando el deudor esté al corriente de los pagos y no haya entrado en concurso de acreedores. Y deberán hacerlo sin elevar el coste de la financiación, salvo en aquellos casos en que se alargue hasta siete u ocho años, cuando sí puede crecer.

El ICO contará con nuevos instrumentos para recuperar el dinero en caso de impago. A partir de ahora, podrá tener información de los clientes de bancos a los que ha avalado para saber si estos tienen posiciones en otras entidades que puedan utilizarse para recuperar la deuda que han contraído.

También ha decidido extender del 31 de diciembre al 14 de marzo la suspensión del deber de solicitar el concurso de acreedores. El Banco de España preveía que el fin de la moratoria concursal supondría repunte de los mismos, pero el Gobierno ha optado por alargarlo al menos otros dos meses y medio con el argumento de que no quiere que afecte a las empresas viables. Ignora así la posición del Banco de España que advirtió de que en muchos casos solo alargará la agonía de “empresas inviables con balances cada vez más deteriorados”,

Protección a empresas estratégicas

Con la valoración de la mayoría de grandes compañías españolas muy tocada por la pandemia, el Gobierno ha extendido hasta el 30 de junio la protección de aquellas empresas que forman parte de sectores estratégicos (energía, transporte, agua, sanidad, comunicaciones, almacenamientos de datos, aeroespacial, defensa, electoral, financiera e instalaciones sensibles). El Gobierno deberá autorizar las inversiones extranjeras en entidades cotizadas incluso aunque el capital provenga de países socios de la Unión Europea. Y también deberá pasar su filtro cuando se trate de compañías no cotizadas si la operación supera los 500 millones de euros.

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