Escritores y periodistas piden amparo a Uribes contra los planes de Google y en defensa del derecho de autor

MADRID Actualizado: Guardar

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El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha recibido esta mañana en su despacho un manifiesto enviado por la Asociación Colegial de Escritores, en el que los escritores y periodistas solicitan amparo del ministerio que debería representar sus intereses y los del sector frente a la nueva campaña liderada por Google y por sus medios afines con el fin impedir que los autores cobren una compensación por el uso ilimitado de sus textos en internet.

El Ministerio trabaja estos días en la transposición a la legislación española de la Directiva de Mercado Único Digital, con el que la UE quiere proteger los derechos de autor y las industrias creativas ante los nuevos usos en las redes. Como ya informó ABC, Google y otras grandes empresas de la red están poniendo en marcha una campaña para evitar el pago en ese concepto de derecho de autor y el ministro de Cultura está valorando alinearse con esa posición. Por eso los escritores y periodistas han decidido pedirle amparo y han firmado el manifiesto, que tiene el apoyo de quince asociaciones del sector.

Google ofrece cantidades a los editores de prensa, olvidando a los autores, a través de su nueva empresa News Showcase. Algunos editores, en un sector que atraviesa una grave crisis, necesitan una solución con urgencia. Pero el gigante de internet amenaza con retirar todos los servicios de Google, como han prometido que ocurrirá en Australia si les obligan a pagar derechos de autor por las noticias que suben a sus agregadores sin compensación por derechos de autor.

El manifiesto

El manifiesto enviado por ACE al ministro Uribes y suscrito por quince asociaciones dice así:

«Muchos escritores colaboramos, junto a periodistas y otros autores, con los medios de prensa con artículos que, tras su publicación, son utilizados en internet por los servicios de la sociedad de la información, tales como agregadores y buscadores, sin solicitar autorización ni abonar cantidad alguna.

Para remediar esta situación notoriamente injusta, la Directiva Europea de derechos de autor de 2019 reconoció, en su artículo 15, un nuevo derecho conexo para el editor de prensa. De ahora en adelante, esos usos digitales deberán efectuarse con la autorización de sus autores. Además, esa directiva reconoce a los periodistas, escritores y titulares de derechos sobre obras y otras prestaciones incorporadas a las publicaciones de prensa, una parte adecuada de los ingresos percibidos por el editor en concepto de este derecho. Que este nuevo derecho sea una realidad para unos y otros exige la transparencia en su gestión, esto es, que las tarifas, las recaudaciones y los repartos sean públicos y transparentes y queden fuera del alcance de las presiones de las grandes empresas tecnológicas que usan nuestros contenidos para sus negocios en la red.

«En caso de que no se contemplen, se estará expropiando al más débil, al autor, nuevamente, otro derecho social conquistado tras años de lucha, así como estableciendo un precedente para el viraje del modelo de protección de los derechos de autor hacía las tesis puramente mercantilistas»

El reconocimiento de la gestión colectiva obligatoria para este derecho unido a la consideración de irrenunciabilidad, son los instrumentos legales que permiten alcanzar dicha transparencia. Por todo ello y ante el riesgo de que estos dos elementos de garantía no se contemplen en la transposición de dicho artículo, exigimos:

1. La implementación en la Ley española del artículo 15 de la Directiva Europea con el reconocimiento de ese nuevo derecho, estableciendo su irrenunciabilidad.

2. La gestión colectiva obligatoria del mismo. En caso de que ambos elementos no se contemplen, se estará expropiando al más débil, al autor, nuevamente, otro derecho social conquistado tras años de lucha, así como estableciendo un precedente para el viraje del modelo de protección de los derechos de autor hacía las tesis puramente mercantilistas.

La gestión colectiva obligatoria ha sido un soporte muy importante para que nuestro colectivo haya podido desarrollar gran parte de su actividad, no solo con carácter general durante los últimos 30 años, sino también, y muy especialmente, tener un soporte de protección social y de apoyo en su labor profesional que se ha hecho aún más evidente, hasta ser imprescindible, en momentos tan duros como los originados por la pandemia que estamos padeciendo».

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