Hong Kong descubre la censura editorial china

Los sellos de la antigua colonia renuncian a los títulos más críticos de su catálogo y adaptan sus libros escolares a la doctrina oficial

Hay lugares en los que el miedo a la censura está tan interiorizado que uno mismo decide autocensurarse. Lugares, antaño famosos por ser la cuna de revolucionarios escritores libres, en los que ahora las plumas más críticas deben medir cada palabra que ponen en sus obras.

Alan To, un editor de Hong Kong, revisó todos sus libros para eliminar cualquier título que pudiera causarle problemas. Otro editor, Raymond Yeung, ha tenido que leer a toda prisa los borradores de algunos libros que está a punto de publicar. Si se trata de obras políticas sobre los hechos recientes en la ciudad, en las que aparece la palabra «revolución», la debe sustituir por «protestas». Una autocensura con el fin de que la obra vea la luz y no se quede en el cajón de libros prohibidos. O, lo que es peor, que le pueda caer al publicarla una condena por saltarse la ley.

Poco a poco, Hong Kong está dejando de ser una rara avis de rebeldía y (semi) libertad dentro de China para convertirse en una provincia más de un régimen cada día más autoritario y poderoso, que ha tomado absolutamente el control de uno de los centros financieros del mundo. La Ley de Seguridad Nacional en la ex colonia británica, aprobada por Pekín el pasado 30 de junio, lo ha cambiado todo. Cualquier acto de protesta, o que las autoridades consideren una proclama independentista, incluso si está por escrito, puede considerarse sedición y la máxima pena es de cadena perpetua.

«Las bibliotecas públicas de Hong Kong revisarán si ciertos libros violan las estipulaciones de la Ley de Seguridad Nacional», dijo en un comunicado hace un par de meses el Departamento de Servicios Culturales y de Ocio de la ciudad. Por orden de las autoridades, los libreros han quitado de las estanterías de las bibliotecas públicas libros críticos con la política china. Y editores independientes como Raymond Yeung han pagado el peaje en su colección de 50 ensayos que daba voz a activistas pro democráticos. Frente a la nueva ley, antes de que actúe contra ellos, los editores han tenido que censurarse a sí mismos.

Según la agencia Reuters, el Consejo de Desarrollo Comercial de Hong Kong, que organiza la Feria del Libro anual en diciembre, pospuesta en último momento por la nueva ola de contagios que golpea a la ciudad, pidió a los expositores que no exhibieran «libros ilegales» este año. Las imprentas y distribuidoras han rechazado muchos proyectos por miedo a que se traten de «libros delicados». Y algunas editoriales han buscado asesoramiento legal antes de publicar algunas obras.

En las bibliotecas de la ciudad ya es imposible encontrar libros como Mis viajes por comida y justicia de la legisladora Tanya Chan, una de las fundadoras de Partido Cívico, contrario a Pekín. También se han censurado los de Joshua Wong, el líder estudiantil erigido como uno de los rostros más conocidos de las protestas prodemocráticas del año pasado.

«Mis libros, antes de que comenzaran las protestas de 2019, se publicaban sin problemas en Hong Kong y ahora son objeto de la censura bajo la nueva ley», dijo Wong en su cuenta de Facebook. En las búsquedas de los catálogos online en las bibliotecas públicas tampoco aparecen ya los seis libros escritos por Chin Wan, defensor de la autonomía de Hong Kong que plasma sus ideas en unas obras a favor de una ciudad-estado.

En las aulas de la ciudad, ahora tampoco está claro qué se puede enseñar o discutir legalmente. La Oficina de Educación ha ordenado a los colegios que retiren los libros y materiales didácticos que puedan violar la ley. Seis editoriales enviaron voluntariamente ocho libros de texto para escolares al regulador de educación para que los revise.

El siguiente paso puede ser que, como ocurre en China continental, toda obra que se vaya a publicar tenga antes que pasar por manos de la Administración General de Prensa y Publicaciones, quien se encarga de dictaminar qué libros son los apropiados para que los ciudadanos puedan acceder abiertamente a ellos.


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