La Fiscalía reprocha a la Junta su escaso control sobre las residencias de mayores en Sevilla

Fachada de la residencia Madre, en el pueblo sevillano de Écija.

La Fiscalía investiga ya penalmente 86 residencias de ancianos en las que se han registrado brotes de coronavirus. La Comunidad de Madrid, con 40 casos, acapara casi la mitad de las causas abiertas, seguida de Cataluña, donde se investigan 20. En la mayoría de los casos la intervención del ministerio público ha llegado como consecuencia de denuncias interpuestas por familiares y trabajadores de los centros. La Fiscalía no ha querido hacer públicos por ahora los delitos que se investigan, pero fuentes fiscales señalan, entre otros, homicidio por imprudencia, maltrato y abandono.

El dato facilitado este martes por el ministerio público sobre las investigaciones penales en residencias de la tercera edad es más del doble de las diligencias que había abiertas hasta el pasado 15 de abril (38), según las cifras facilitadas por la Fiscalía el pasado viernes. Esta diferencia puede deberse tanto a causas nuevas como a que algunas fiscalías provinciales no habían facilitado toda la información, según las fuentes consultadas. El departamento que dirige Dolores Delgado se ha comprometido a actualizar semanalmente a partir de ahora estas cifras que, advierten en la Fiscalía, no es una “foto fija”, sino que va cambiando porque se abren unas investigaciones y se cierran otras.

Según los datos hechos públicos este martes, las 86 investigaciones penales se distribuyen entre diez Comunidades Autónomas: a las 40 de Madrid y 20 de Cataluña (18 en la provincia de Barcelona, una en Lleida y otra en Tarragona), hay que sumar siete en Castilla y León (tres en Valladolid, una en León, Salamanca y Soria y otra abierta por la Fiscalía autonómica), cinco en Galicia (dos en Ourense, una en Pontevedra y Lugo y otra en la Fiscalía autonómica), cinco en Castilla-La Mancha (tres en Ciudad Real, una en Albacete y en Toledo) y cinco en Extremadura (dos en Cáceres, dos en Badajoz y una en la autonómica); cuatro Comunidades (Aragón, Canarias, Cantabria y La Rioja) tienen un caso cada una; y en las otras siete (Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia, Navarra y País Vasco) la Fiscalía no ha encontrado, por ahora, indicios de delito en los brotes de coronavirus en las residencias.

Además de las diligencias penales, las fiscalías autonómicas han enviado a la Fiscalía General 126 informes de seguimiento sobre las actuaciones en residencias de la tercera edad. En este caso, Baleares es la única Comunidad que no tiene expedientes abiertos. La que más tiene es Cataluña (50), seguida de Castilla y León (15) y Andalucía (10). Estas no son investigaciones penales (en principio no hay delito) sino en el ámbito civil, para la protección de ancianos que precisan especial atención al encontrarse en una situación de vulnerabilidad. Estas diligencias, abiertas en las fiscalías provinciales y las fiscalías de las comunidades autónomas, tienen diversos objetos, según ha explicado el ministerio público en una nota. Por una parte, se pretende recopilar datos acerca de la situación en las que se encuentran las residencias y las personas alojadas en ellas, además de mantener el seguimiento de su evolución; de otro, resolver problemas puntuales que requieran la intervención de la labor protectora del ministerio fiscal en este ámbito.

En el marco de estas diligencias civiles, los fiscales han dado respuesta también a las solicitudes formuladas por los responsables y trabajadores de los establecimientos, familiares de residentes y otros ciudadanos que han pedido la intervención de la Fiscalía.

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