La Xunta, acusada de causar “daños irreversibles” en el monasterio de San Pedro de Rocas

Una de las rutas de acceso del monasterio de San Pedro de Rocas a finales de noviembre.

Una de las rutas de acceso del monasterio de San Pedro de Rocas a finales de noviembre.
Una de las rutas de acceso del monasterio de San Pedro de Rocas a finales de noviembre.Óscar corral / EL PAÍS

San Pedro de Rocas (Esgos, Ourense), uno de los más antiguos monasterios de la península Ibérica, una lápida acredita que hubo moradores desde el año 573, y clave en la selección de la Ribeira Sacra como candidata a Patrimonio Mundial de la Unesco, defiende su integridad en los juzgados. Después de que un contencioso paralizase la tala masiva proyectada por la Diputación ourensana para ensanchar la carretera de acceso, un juzgado de lo penal decidirá si la Xunta ha destrozado alguna de sus piezas milenarias. Los dueños del terreno en el que se asienta el cenobio acusan a la Consejería de Cultura y a la empresa contratada para realizar tareas de “limpieza y desbroce” de haber cometido delitos de expolio al patrimonio histórico-arqueológico en el corazón del monasterio. La Xunta sostiene que no tiene constancia de la demanda.

El pasado mes de marzo, en pleno estado de alarma, la Dirección General de Patrimonio Cultural, dependiente de la Consejería de Cultura, licitó de urgencia, como contrato menor por 13.558,05 euros, unas tareas de “limpieza y desbroce” en el monasterio.

Lo que debía limitarse a la retirada de vegetación superficial “consistió en un lavado salvaje de la roca, con métodos prohibidos en Patrimonio que provocó daños irreversibles en elementos patrimoniales de incalculable valor y únicos en su género: celdas eremíticas excavadas en la roca, santuario rupestre prerromano, paño rupestre de manos grabadas de la Prehistoria reciente, sillón episcopal rupestre, arcosolio con relieve inciso, tumba monumental y celda en la fuente de San Benito, entre otros”, según enumeran los autores del informe pericial que acompaña a la querella, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

En ella consta que la intervención se realizó “furtivamente”, invadiendo una propiedad privada sin pedir autorización y causando “daños de valor incalculable” en el patrimonio arqueológico. “Sin ningún proyecto de conservación, han utilizado métodos prohibidos como el chorro hidráulico a presión” en 12 áreas repartidas en unos 2.000 metros cuadrados en el corazón del monasterio: tumbas, campanario, fuentes, cementerio y santuario rupestre.

Los demandantes sostienen que con esta actuación, la Consejería y la empresa contratada, dirigida por un arqueólogo, han incumplido hasta 26 leyes y decretos españoles y de la propia Xunta de Galicia, así como ocho Cartas y Recomendaciones internacionales.

Y señalan que, “en contra de toda normativa y ley se le ocultó esta intervención a los especialistas que vinieron a visitar la Ribeira Sacra el pasado octubre”, en el marco de su candidatura a Patrimonio Mundial. No obstante, aseguran que de la actuación de la Consellería denunciada en los tribunales han sido informados el Ministerio de Cultura, ICOMOS España, el Comité de Paisaje, Patrimonio y Cultura del Consejo de Europa, la directora del Centro del Patrimonio Mundial y el embajador de España ante la Unesco.

Los dueños del terreno (42 hectáreas, incluyendo la parte en la que se asienta el monasterio, propiedad de la Diputación de Ourense) en el que se llevó a cabo la actuación apelan a la “gravedad de los hechos” y a la “pasividad mostrada por la administración competente en la protección del patrimonio cultural y natural” para justificar la demanda penal por los delitos de daños, destrucción y expolio al patrimonio histórico-arqueológico así como contra los recursos naturales y el medio ambiente y contra la protección de la flora.

En la demanda dejan constancia de que cuando protestaron por la actuación, la Dirección General de Patrimonio Cultural les pidió disculpas y ordenó taparla con tierra. Ellos ya lo habían fotografiado.

“Ocultar una intervención demuestra que esta ha sido furtiva, llena de errores, con mala praxis, sin programación ni proyecto”, destaca el informe pericial que advierte del “ocultismo y nocturnidad”, con el que actuó la Xunta ya que la intervención “no estaba incluida en las actuaciones previstas desde la Dirección General de Patrimonio Cultural”. “No cumplió ninguno de los preceptos que exige la buena praxis de la arqueología”, subrayan los expertos. Y añaden que tanto el “expolio” como la tarea de “ocultación” del mismo se realizaron durante el estado de alarma.

Los expertos destacan la probable utilización de “la combinación de agua a presión con micro-esferas de árido, muy utilizado en la limpieza de muros y otros elementos de la construcción actuales, pero totalmente prohibidos en el patrimonio cultural y sus tratamientos de conservación-restauración”.

Una conclusión a la que llegan a la vista de que en las zonas de roca “tallada hace miles de años y que tiene elementos únicos en su género en el mundo”, hayan quedado “numerosos indicios y huellas de las marcas que deja el agua a presión en las partes perimetrales de la actuación así como de la escorrentía de agua generada desde las partes altas, allí donde no se sigue incidiendo para la extracción del musgo”.

La intervención promovida por la Xunta en el monasterio y los elementos geológicos que constituyen este BIC Paisaje Cultural, “ha dañado de forma irreversible los elevados valores: de sacralidad, antropológico, histórico, social, arqueológico, tecnológico, artístico, material, de antigüedad, cultural, natural”, afirman los autores de la prueba pericial.

Junto a los daños materiales “irreversibles” y a los relacionados con la vegetación, los expertos destacan otros inmateriales: “la pérdida de información histórico-arqueológica”. Insisten, además, en que el monasterio es “el argumento que demuestra la singularidad de la Ribeira Sacra como espacio sagrado, ya que el origen eremítico se inició en este monasterio y el expediente de la candidatura se apoya en ello”.

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