Los editores españoles reclaman a Cultura la gestión colectiva obligatoria en la nueva regulación

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Las entidades de gestión de derechos de autor españolas agrupadas en Adepi han reclamado a Ministerio de Cultura que asegure la transposición íntegra de la Directiva Europea de Mercado Único Digital (DAMUD) para garantizar que los agregadores y plataformas, con Google a la cabeza, paguen una compensación por el uso de las noticias que generan los medios.

En un manifiesto titulado «Por la independencia y pluralidad de la cultura europea», han pedido la trasposición íntegra a la legislación española de la DAMUD, que concede a los editores de publicaciones periódicas, así como a los autores de los textos e imágenes que contienen, los derechos de reproducción y puesta a disposición del público de sus contenidos.

«Los pagos por la explotación de contenidos de prensa sin autorización expresa no los debe fijar de forma arbitraria un algoritmo cuyo funcionamiento está enteramente controlado por Google y es opaco para las Administraciones Públicas, la opinión pública y los propios interesados», ha defendido.

Así, han exigido que se proteja a todos y cada uno de sus titulares «de la presión de las grandes plataformas tecnológicas», para lo que es necesario, ha argumentado, que su trasposición a la legislación española «debe mantener su gestión colectiva obligatoria e irrenunciable».

«Solo la gestión colectiva obligatoria permitirá establecer un equilibrio negociador que posibilite que los editores de prensa sean compensados adecuadamente», alegan en el texto, en el que explican que las entidades de gestión están obligadas a informar pormenorizadamente a editores y autores sobre las cantidades recaudadas. «Todos ellos conocen el detalle de las licencias concedidas, su importe y las cantidades obtenidas, brindando información pública y transparente sobre tarifas, recaudaciones y repartos», recuerdan.

Por todo ello, recalcan en el manifiesto que la gestión colectiva es «solidaria, eficiente, transparente, democrática y europea», frente a Google y otras plataformas que «imponen acuerdos confidenciales opacos a quienes se pliegan a sus condiciones».

«No hay que permitir que la opacidad de los contratos individuales afecte negativamente al derecho de los autores (periodistas, escritores, fotógrafos) a percibir parte de la remuneración obtenida por el editor», señalan. «La irrenunciabilidad de estos derechos equilibrará la balanza y evitará que los editores sufran presiones de Google u otros gigantes tecnológicos, que exigen cesiones de derechos gratuitas que privarían también a los periodistas y otros autores de la obtención de una remuneración adecuada por la explotación online de sus contenidos», se argumenta en el manifiesto.

Beneficios para la sociedad

Igualmente, ha subrayado los beneficios para la sociedad de la gestión colectiva obligatoria en la medida en que «solo mediante la protección de las inversiones realizadas por los editores y el aseguramiento de una remuneración adecuada a quienes participan en la creación de las obras incluidas en las publicaciones de prensa es posible garantizar que, en un mundo invadido por bulos, noticias falsas, discursos de odio y desinformación, podremos seguir teniendo acceso a una prensa plural, veraz y de calidad».

En la misma línea, ha denunciado la «presión» que Google y otros ejercen para influir en la tramitación y contenido de la futura Digital Services Act, para la regularización de los servicios digitales. Sobre este punto, en el manifiesto se advierte del objetivo que buscan para «desvirtuar también el artículo 17 de la Directiva DAMUD», que regula el uso de contenidos protegidos por prestadores de servicios para compartir contenidos online.

«La estrategia de Google para desestabilizar la tramitación de las normativas comunitarias cruza todas las líneas rojas de la legítima práctica del lobby corporativo, pues debilita la soberanía de la UE torpedeando el proceso democrático de toma de decisiones políticas con una concepción exclusivamente mercantilista de Europa que ninguna institución de la Unión y ningún Estado miembro debe aceptar», advierte.

Precisamente, el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, firmará este miércoles un convenio de colaboración con el presidente del Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), Daniel Fernández, para la protección de la propiedad intelectual y de la creación literaria.

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