Ni un paso atrás

Un niño en el patio de un colegio de Vitoria en septiembre.

Varias personas acuden a un banco de alimentos en julio en el barrio de Orcasitas, Madrid.
Varias personas acuden a un banco de alimentos en julio en el barrio de Orcasitas, Madrid.Olmo Calvo

Apenas el 8% de las personas bajo el umbral de la pobreza en España percibe una renta mínima de inserción. No llegan siquiera a una de cada 10. Son apenas 697.124 beneficiarios de los cerca de nueve millones de personas en situación vulnerable, según datos del informe de 2019 elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales. Pero la cobertura de estas prestaciones gestionadas por las comunidades autónomas, el último colchón al que el año pasado podían agarrarse quienes no disponían de otros ingresos, no solo es insuficiente, sino que además es tremendamente desigual entre los territorios, según pone de manifiesto un análisis de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales sobre los datos del ministerio. En Navarra el porcentaje se eleva al 70%, mientras que en Canarias no llega siquiera al 2%.

La escasa cobertura de estas prestaciones se debe a “años de baja inversión y a los procedimientos administrativos con requisitos tremendamente rigurosos”, explica José Manuel Ramírez, presidente de esta asociación. Se refiere al laberinto burocrático que tienen que atravesar quienes piden esta ayuda y que ha hecho, por ejemplo, que la Comunidad de Madrid se llevara en 2019 una reprimenda del Defensor del Pueblo por la comunicación de las suspensiones de esta prestación, que genera “indefensión” en las familias, según esta institución.

Hay dos comunidades que destacan sobre el resto: Navarra (70,4%) y País Vasco (63%). Cantabria y Asturias les siguen, desde muy lejos, con el 18,4% y el 17,5%, respectivamente. Otras cuatro autonomías se encuentran también por encima del 10% (Baleares, 15,5%; Aragón, 15,5%; Cataluña, 11,2%, y Castilla y León, 10,7%). Esto quiere decir que en nueve autonomías la diferencia con las dos primeras de la lista es abismal. En Castilla-La Mancha (2%) y Canarias (1,5%), especialmente, según el análisis de la asociación.

Pero, además, también son muy diferentes las cuantías, calculadas como el porcentaje que supone el gasto medio por titular de esta prestación sobre la renta media de los hogares en cada territorio. En Extremadura, quienes perciben una renta mínima cobran una cantidad equivalente al 23,1% de la renta media en este territorio, frente al 7,2% de Baleares (la media nacional es del 17,1%). Traducido en dinero, suponen unos 5.936 euros anuales de media por cada titular de una renta mínima extremeño; 2.640 en Baleares, y la media nacional es de 5.779 euros, según este análisis.

La asociación se muestra especialmente preocupada porque el laberinto burocrático asociado a estas prestaciones no se ha resuelto con la aprobación del ingreso mínimo vital este 2020, una prestación que nació en lo más duro de la pandemia con vocación de fijar un suelo mínimo que garantice unos mismos ingresos en toda España para quienes estén en situación de vulnerabilidad. El problema es que un millón de personas lo han solicitado y la mayoría continúa a la espera. Por ello Ramírez critica que los 297.183 solicitantes de las rentas mínimas autonómicas (697.124 beneficiarios si se cuentan también a los familiares que dependen de ella) no se hayan integrado de manera automática en el ingreso mínimo vital. Los procedimientos están “generando angustia y frustración” en quienes han pedido esta nueva prestación, señala la asociación en un comunicado.

Ramírez pide además que las autonomías tomen medidas para evitar que, cuando se conceda el ingreso mínimo vital, si se otorga con efecto retroactivo (desde el momento de la solicitud), no se generen incompatibilidades con las rentas mínimas. “El ingreso mínimo vital es compatible con las rentas mínimas de las autonomías”, explica. Por ahí no habría problema. “Pero sí lo habría con las rentas mínimas: estas son incompatibles con una prestación de las características del ingreso mínimo”, añade. Es decir, que podría serles concedido el ingreso mínimo vital, pero podría generar un conflicto con los requisitos que establecen estas prestaciones autonómicas. Por tanto, o las comunidades articulan mecanismos que impidan que estas situaciones se produzcan, “o podrá ocurrir que haya personas a quienes se les reclame que devuelvan dinero”. Algo que ahondaría aún más su vulnerabilidad, explica Ramírez.

La asociación insta a las autoridades a evitar llegar a esta situación, solicita al Gobierno que ponga en marcha “la pasarela con los solicitantes de las rentas mínimas de las comunidades”, para que se integren automáticamente en el ingreso mínimo vital, y pide a las autonomías que orienten los 1.686 millones de euros que hasta ahora han invertido en las rentas mínimas a la “garantía del derecho a la inserción social, reforzando los servicios sociales”, y a la lucha contra la “exclusión social que produce la pobreza continuada, transmitida generacionalmente y sin posible salida en un contexto de escasez y precariedad de oportunidades en el mercado laboral”.

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