Operación de la Guardia Civil por el desvío de dinero público al independentismo

De izquierda a derecha, David Madí, Oriol Soler y Xavier Vendrell.

De izquierda a derecha, David Madí, Oriol Soler y Xavier Vendrell.
De izquierda a derecha, David Madí, Oriol Soler y Xavier Vendrell.

La Guardia Civil ha lanzado este miércoles una operación por el presunto desvío de fondos públicos al independentismo. Los agentes han detenido a una docena de personas y han practicado 31 registros en diversas localidades catalanas por delitos de corrupción (malversación, prevaricación, blanqueo) y, también, por desórdenes públicos. Entre los arrestados hay empresarios que, presuntamente, financiaron la creación de Tsunami Democràtic, un movimiento popular de protesta por la sentencia del procés contra los líderes independentistas. Algunos de los detenidos son personas muy cercanas al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido en Bélgica de la justicia. La investigación también trata de aclarar, entre otras cosas, cómo se financia la estructura que sustenta al eurodiputado Puigdemont en su residencia de Waterloo.

Los detenidos, la mayoría empresarios, son personas cercanas al entorno de Esquerra Republicana (ERC) y Junts per Catalunya; algunos de ellos, de hecho, habían ocupado cargos públicos. Los cinci detenidos más cercanos al expresidente catalán son Xavier Vendrell, empresario y exconsejero de Gobernación con el tripartito; David Madí, empresario y exjefe de campaña de Artur Mas; Oriol Soler, empresario de la comunicación cercano a ERC; Josep Lluís Alay, director de su oficina de expresidente; y Xavier Vinyals, presidente de la Plataforma proSelecciones Deportivas Catalanas

Vendrell y Madí fueron dos de los miembros de lo que se llamó “Estado Mayor” del procés, el grupo de personas de alguna forma vinculadas al Govern de Junts per Sí que trató de llevar a cabo la coordinación para poder ejecutar el referéndum del 1-O. Su existencia buscaba crear un espacio que superara los recelos entre el PDeCAT y ERC. Vendrell milita en ERC, donde aterrizó después de la disolución de Terra Lliure, y fue consejero de Gobernación durante el tripartito; más tarde pasó a la segunda línea política para embarcarse en actividades empresariales. Madí, por su parte, había sido secreatario de comunicación de la Generalitat con Artur Mas y hombre de su máxima confianza. Su papel fue clave en el desarrollo de la estrategia comunicativa del referéndum ilegal. Ha sido asesor o consejero de importantes empresas como Telefónica o Endesa.

La hoja de servicios del editor Oriol Soler a la causa soberanista también extensa. También fue miembro del llamado Estado Mayo aunque usualmente prefirió estar tras bambalinas: fue el coordinador de la campaña de la consulta del 9-N y también gestionó la campaña electoral de la coalición Junts pel Sí en 2015. Soler ha trabajado en la movilización de las bases del independentismo.

En cuanto al profesor Josep Lluís Alay Rodríguez, es el responsable de la Oficina de expresidente de Carles Puigdemont. El historiador precisamente acompañaba al exjefe del Govern cuando fue detenido en la frontera alemana con Dinamarca. Por ello fue precisamente acusado de un delito de encubrimiento.

Otros de los investigados son menos conocidos. En la lista están Antonio Fuste Piñol y Roc Aguilera Vaques, propietarios de una empresa de eventos en Igualada, Events. El local, ubicado en una nave industrial, ya había sido inspeccionado por la Guardia Civil en septiembre de 2017, cuando se buscaba material electoral para el 1-O. también está Pilar Contreras Llanas, que es desde 2018 la directora de directora general de Centres Concertats i Centres Privats de la Generalitat. Antes de eso era la directora de la Escola Pia de Vilanova i La Geltrú.

Los agentes actúan por orden del titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que investiga una supuesta trama de empresarios que logró dinero de instituciones catalanas mediante subvenciones y adjudicaciones. Ese dinero se canalizaba después a fines del independentismo, según fuentes de la investigación. Además de la estructura belga de Puigdemont, se indaga cómo se financió la campaña de Tsunami Democràtic, un movimiento de respuesta a la sentencia contra los líderes del procés. Los gastos vinculados al procés y al referéndum del 1-O, ya juzgados por el Tribunal Supremo, no forman parte de la investigación.

La Guardia Civil está practicando registros en domicilios, oficinas y empresas de las localidades de Barcelona, Sant Quirze del Vallès, Sant Joan Despí, Vilafranca del Penedès, Cabrera de Mar, Igualada, Montcada i Reixac i Girona, según fuentes policiales. La operación de este miércoles parte de otra causa, investigada por el mismo juzgado, que analiza las subvenciones otorgadas por la Diputación de Barcelona a empresas y entidades del mundo independentista.

Operación “espectáculo”

Las reacciones a la operación en marca no se han hecho esperar. “Intentan la muerte política y civil del independentismo porque tres años después de la declaración de independencia continuamos luchando por una causa justa”, ha tuiteado el expresidente Puigdemont.

Su sucesor, Quim Torra, recientemente inhabilitado por desobediencia, ha lanzado un mensaje esta mañana en las redes sociales informando de la detención de Alay, que también ha sido confirmada por su abogado, Gonzalo Boye. Otro expresidente, Artur Mas, ha reaccionado esta mañana a la operación policial, quitándole hierro. “Ya estamos acostumbrados a este tipo de operaciones espectáculo. A la hora de la verdad ¿qué están investigando?”, se ha preguntado el expresidente en TVE.

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