Tensa calma en la ola de la pandemia

Equipo sanitario de la UVI 8, con base en el barrio Las Aguilas, Madrid, durante su jornada de trabajo.

Un sargento de bomberos de 50 años sufre un ataque al corazón en plena intervención. Está en un incendio de un edificio de Vallecas y el calor y el peso del equipo que lleva encima, de unos 25 kilos, le provocan una sensación de asfixia que le obliga a salir al exterior. Acto seguido, un fuerte dolor en el pecho le da el susto de su vida. A partir de ese momento, el bombero pasa a ejercer un puesto como Apoyo Técnico, alejado de la primera línea. Ocurrió el 31 de julio de 2017. Ahora, tres años después, el director de Emergencias de Madrid, Enrique Ventura, y el Ayuntamiento capitaneado por José Luis Martínez-Almeida han presentado una medida para paliar la falta de efectivos, con una plantilla mermada desde hace una década: recuperar a los bomberos que pasan de los 55 años para que puedan seguir en la primera línea de actuación. Esa propuesta esconde una realidad que el cuerpo de bomberos lleva sorteando como puede desde hace una década: los 1.432 efectivos, repartidos en 12 parques, no son suficientes para atender a toda la capital. Según un informe realizado por la Asociación de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid (ABAM), faltan 400 bomberos. De hecho, en todo 2020 no se ha podido cumplir con el compromiso del propio Ayuntamiento que establece que debe haber un mínimo de 223 efectivos diarios. La última vez que se alcanzó esa cifra fue en diciembre en 2019.

Los principales implicados, los bomberos, no saben cómo decirlo ya. La plantilla es corta. No ha entrado savia nueva desde las últimas oposiciones, en 2014, y los meses de pandemia han puesto al descubierto un problema que viene de lejos. Por eso el verano pasado, un pequeño grupo de bomberos de la asociación independiente ABAM, a la que pertenecen unos 700 bomberos, lanzaron una encuesta interna para medir el descontento. La respuesta fue abrumadora. Y se pusieron manos a la obra. El objetivo era presentar un estudio pormenorizado para reclamar a la administración que plantee un plan de empleo y que solucione una cuestión basada en datos: desde 2013 las intervenciones en la capital han aumentado un 14,18% y el número de la plantilla ha descendido un 33,78%.

Esa deficiencia se ha intensificado con la pandemia. Un brote de 16 positivos de covid en el parque de Aluche, el descontrol que genera el intercambio de efectivos, el caótico incendio en un edificio en el norte de la capital a finales de agosto, cuando los bomberos suplicaban por refuerzos.

Entre el 19 y el 28 de octubre se han detectado 37 casos positivos entre los efectivos, según el servicio de prevención del Ayuntamiento. La media de contagios es del 6,21% y supera al 4% de la media de los trabajadores del Consistorio después de más de 41.436 pruebas PCR realizadas entre el 25 de marzo y el 28 de octubre.

El servicio esencial para los ciudadanos, por tanto, está más que resentido. El 23 de octubre, de los 121 bomberos que deberían estar de guardia, solo ficharon 74. El resto o estaba enfermo o debía descansar. “Y eso supone un peligro para la ciudadanía por no cumplir con los mínimos que establece la carta de servicios, que es un compromiso del Consistorio”, añade el portavoz de ABAM.

Por eso el director de Emergencias se reunió el 1 octubre con los sindicatos. La propuesta que puso sobre la mesa pretende recuperar para la primera línea a unos 100 bomberos que han superado los 55 años y que han pasado a una segunda actividad, según un cálculo de UGT, o unos 200 ó 250, según el de la asociación ABAM. La idea es que los bomberos de esa edad “cumplan con unas garantías físico-médicas” para volver a las intervenciones directas. “Nuestro trabajo es muy físico, lo das todo porque es muy vocacional, y llega una edad que si no tienes las rodillas castigadas, es la espalda”, explica otro denunciante, que sobre todo quiere dejar claro que ABAM pretende que la administración solucione el problema de la plantilla, independientemente de que recurra de manera puntual a efectivos mayores de 55 años.

El director de Emergencias, en todo caso, depende del Ayuntamiento. Y la solución, por tanto, pasa sin remedio por la política, y ahí el quid de la cuestión

La Ley Montoro del PP establece una tasa de reposición para los funcionarios, es decir, un indicador que solo permite incorporar a un trabajador público cuando otro sale de la administración, bien por jubilación o defunción. En el caso del cuerpo de bomberos es del 115%, es decir, que de cada 100 efectivos que salen, pueden entrar 115. En el 2017, el todavía ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se negó a anular la tasa, a pesar de las reiteradas peticiones de distintos ayuntamientos de toda España. La anterior regidora, Manuela Carmena, culpó directamente al gobierno del PP del problema: “Las limitaciones a la contratación de personal impuestas por Montoro ponen en peligro los servicios públicos esenciales”.

Ahora, con Almeida en el gobierno municipal, la tortilla de las quejas se ha dado la vuelta. En el pleno municipal del 29 de septiembre, el actual mandatario instó al grupo municipal socialista a contactar con el presidente del Gobierno para eliminar la tasa, algo que, ahora sí, consideran “esencial”. Lo bueno de esa nueva postura es que hay consenso entre los cinco grupos municipales. En los Pactos de la Villa acordaron pedir al Gobierno central no someter los servicios esenciales a la tasa. “Consejos vendo que para mí no tengo”, ironiza ahora Pedro P., un bombero, harto de excusas políticas.

El Ayuntamiento, aun así, también tiene en su mano aplicar el Real Decreto de 1986 para ampliar la plantilla. En ese caso, la norma permite hacerlo cuando se compense el gasto con una reducción.

Lejos de hacerlo de esa manera, la falta de efectivos se suple con guardias extraordinarias. “Algunos hacen más de 20 o 25 al año, cuando lo extraordinario significaba hacer ocho o nueve como mucho”, explican en ABAM. Eso, de una manera o de otra, implica dinero, un extra en el sueldo que a muchos les cuesta renunciar.

“Lo que se quiere”, dice un portavoz del área de movilidad del consistorio, “es que la edad de jubilación de 55 años sea opcional y que con esa edad sean ellos los que decidan si seguir trabajando, pasando previamente un reconocimiento médico”. Para eso, reconoce, hay una mesa de negociación, “en stand by” por haber elecciones sindicales.

La asociación ABAM registró el informe con todos los datos que ha recabado y se lo mandó a la responsable del área de seguridad, Inmaculada Sanz, el 4 de septiembre. Todavía no ha recibido respuesta. Sí se sabe que el parque de bomberos número 13, situado en Vicálvaro, ya está casi terminado. Como si fuera un aeropuerto sin aviones o un hospital sin sanitarios, los bomberos no saben quién va a trabajar dentro.

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