Un juzgado de Huesca paraliza la devolución de las pinturas de Sijena

La titular del Juzgado número 2 de Huesca ha emitido un auto en el que <strong>rechaza continuar con la ejecución provisional de la sentencia</strong> dictada…

La titular del Juzgado número 2 de Huesca ha emitido un auto en el que rechaza continuar con la ejecución provisional de la sentencia dictada en julio de 2016 que ordenaba la devolución al Monasterio de Sijena de las pinturas murales del siglo XIII que actualmente están en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC).

El Ayuntamiento de Villanueva de Sijena solicitó la ejecución de la sentencia el pasado 7 de octubre, dos días después de que la Audiencia de Huesca confirmara la primera sentencia del citado juzgado, que ha sido recurrida por la Generalitat de Cataluña. En el auto, la magistrada acuerda «no alzar la suspensión de la ejecución provisional de la sentencia». En noviembre de 2016 se ordenó la devolución de las pinturas, pero la Generalitat recurrió y la propia jueza la paralizó en enero de 2018. Alegaba una supuesta «fragilidad de las pinturas y el riesgo de sufrir daños» en el traslado al Monasterio de Sijena, por lo que aconsejaba no autorizar el traslado hasta que las sentencia fuera firme.

El abogado de Villanueva de Sijena, Jorge Español, en declaraciones a Efe, recuerda que la ley de Enjuiciamiento Civil ordena que continúe cualquier ejecución provisional una vez la Audiencia Provincial ha confirmado la sentencia del Juzgado de Primera Instancia. Eso, según el letrado, «sin que exceptúe en absoluto de dicha continuación ningún supuesto, ni siquiera que la ejecución estuviese entre tanto suspendida por la causa que fuere». Sin embargo, la jueza entiende que la ejecución provisional sólo se puede alzar «cuando no haya ninguna posibilidad de que la sentencia dictada por el Juzgado sea revocada». Además, considera que el mismo riesgo que justificó la paralización de la devolución «sigue existiendo a día de hoy».

RECURSO DE AMPARO

Español lamenta que esta interpretación emplazaría ya no a una sentencia firme que dicte el Tribunal Supremo, «sino a la que pueda dictar el Tribunal Constitucional, que por supuesto también podría revocar dicha sentencia». De esta manera se podría estar hablando de «muchos años» hasta que se pueda ejecutar esta sentencia, lo que para dicho abogado «difícilmente» se puede considerar justicia. En su opinión, la ejecución tardía de una sentencia es «la mayor de las injusticias que alguien pueda soportar», motivo por el que el sistema procesal español es «favorable a la generalización de la ejecución provisional».

Recuerda que la Audiencia Provincial ya tardó cuatro años en resolver las apelaciones a la sentencia de julio de 2016, pero ahora queda por delante el trámite en la tercera instancia, ante el Tribunal Supremo, «que seguro que tardará tres o cuatro años más como mínimo», según Español. Añade que la decisión de la jueza ofrece «munición» a la Generalitat y al MNAC para «armas sus recursos ante el Supremo».

El Ayuntamiento de Sijena anuncia que interpondrá un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para obtener una tutela judicial «verdaderamente real y efectiva». El abogado de dicho Ayuntamiento cree que dilatar una ejecución de una sentencia «durante ocho, diez o doce años» es en el fondo «más injusto incluso que el que se dicte una sentencia favorable» a los intereses catalanes.


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